Entre la objetividad y la subjetividad hay un trecho que recorren hoy todos los actores económicos: los nuevos y los viejos. Y aunque se diga que entre ellos la competitividad es una apuesta segura, no todos tienen las mismas cartas “en la mano”. No todos llegaron a la mesa con iguales fichas y montos. De modo que la partida va a definir el juego.
Y eso es lo primero: no todos están en el mismo punto de partida. Trabajadores por cuenta propia (TCP), Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), Cooperativas No Agropecuarias (CNA), empresa estatal…En la diversidad hay diferencias. Lógicas además.
Hay un ejemplo que pudiera ilustrarlo desde el encargo, ya no el objeto social. Dentro de las 49 entidades del país que en el 2021 optaron por el premio a la Gestión Económica- Productiva, solo cinco lo alcanzaron: y dentro de esas cinco, solo había una Mipyme: la mediana empresa Media Luna, de Ciego de Ávila.
Ya aquí te contamos cómo Media Luna pasó a “Luna llena”
Pues esa Mipyme, en su primer año de exportaciones y ventas online, estuvo muy cerca de los millones de dólares recaudados por la famosísima Agroindustrial Ceballos, que es, a su vez, un polo exportador de la región central que integra unas 17 entidades.
En valores, Media Luna estuvo a poco más de un millón de darle alcance. ¿Quiere decir que sus productos navegan mejor en el mercado, tienen una dosis más alta de calidad o se venden a mejor precio, de cara a la entidad? Pudiera ser.
Pero hay un dato que contextualiza esa comparación y apunta en otra dirección: Ceballos, aun recibiendo el 80 por ciento de los insumos en Moneda Libremente Convertible (MLC) tiene el encargo de destinar el 93 % de sus ventas al mercado nacional y comercializarlas en moneda nacional; es decir en CUP, porque la MLC también es una moneda nacional (aunque virtual).
¿Entonces?
Mientras se tengan diferentes destinos, encargos o propósitos, no es válido hablar de competitividad. No siempre son comparables las estatales y las mipymes. Ni en planes físicos ni en valores.
Porque además, cuando la Resolución 222 del Banco Central facultó a los nuevos y viejos actores a comercializar en la red de tiendas en MLC, la avalancha de privados y estatales, muy necesitados de captar esa moneda para poder cerrar ciclos, fue muy visible… y muy cuestionada. Unos la respetaron y otros la violaron. Muchos se enfocaron en su liquidez, no en el “hueco” que le generarían a las ofertas en CUP.
El propio Ministro de Economía lo admitía el mes pasado:
“Estamos corrigiendo desviaciones. Por ejemplo, hay determinados productos que hoy se están vendiendo en el comercio electrónico en MLC, por empresas nuestras, y que tienen que ser derivados hacia el mercado nacional. Pero, en sentido general, no es posible, no existen las condiciones para que podamos mantener un nivel estable de oferta de productos solamente en moneda nacional, aunque es el objetivo”.
¿Si la mayoría de productos se vende en MLC, qué queda en la otra moneda? ¿Pero si casi todas las materias primas se les ofertan en MLC, cómo se sostienen si no ingresan MLC?
Esa podría ser una de las líneas que impide cortar a estatales y privados con la misma tijera. Y ante esa encrucijada, parece que nuevas regulaciones están cocinándose. Así lo dejaba entrever, al periódico Invasor, Víctor Delgado Ramírez, al frente del Órgano de Gestión del Desarrollo Local del Gobierno Provincial, en Ciego de Ávila.
Allí el proceso de creación de cuentas en MLC está detenido. Varios Proyectos de Desarrollo Local, incluso Mipymes, no tienen creada su cuenta en esa moneda, a la espera de una revisión. ¿Quiénes sí podrán y quiénes no? es una pregunta cuya respuesta, obviamente, desencadenará en (mayores) diferencias.
Tales diferencias seguirían siendo notables, a pesar de que se hayan establecido los mismos montos de impuestos sobre utilidades. Una empresa estatal y una mipyme, ambas, aportan el 35 por ciento; una cifra alta para negocios que recién empiezan y que, si tenemos en cuenta su estructura, son pequeñísimos, pues un emprendimiento de cuatro personas ya es (por fuerza y determinación) una mipyme.
Sin embargo, paga igual cuota que una portentosa empresa, cuya estructura de exportación, por ejemplo, ya está consolidada con ganancias y maneras de hacer ya establecidas, mientras otros tienen que “lucharla”. Encima, el mismo impuesto se determinó para empresas privadas que no tienen el mismo objeto ni ubicación.
Sobre esa disparidad ya el destacado economista Juan Triana Cordoví hablaba aquí
Imías no es Centro Habana ni Jatibonico, Varadero. De ahí que suponer la igualdad entre actores y territorios deriva, contradictoriamente, en mayores diferencias. Sobre esa idea se pronunciaba la decana de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana. Silvia Odriozola hacía notar que “cuando las escalas productivas son distintas, no se puede esperar que normas iguales impliquen condiciones similares”.
“Si la tasa impositiva sube en exceso, a muchas de esas formas productivas no les dará la cuenta, saldrán del mercado y solo quedarán los más fuertes. Eso sí lleva a una concentración de riquezas”, indicó a la agencia Prensa Latina.
Silvia Odriozola, decana de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana.
Desde el sector empresarial se ha pretendido que esa riqueza fluya de manera más justa y, de acuerdo con declaraciones del Ministro de Economía, Alejandro Gil, “unas 200 entidades aplican la nueva organización salarial, lo cual implica que no están obligadas a emplear la escala salarial”. No obstante, la pregunta sería, ¿qué limita a una empresa estatal en su búsqueda de riquezas, hasta dónde podría crecer para que sus trabajadores perciban más?
Esa pregunta se haría al lado de esta otra: ¿hasta dónde podría crecer una mipyme si no puede llegar a ser grande, tener más de 100 empleados y su socio no puede ser socio de otra, a su vez?
De este lado de la balanza se evita concentración de riqueza, pero desarrollo y crecimiento, también.
Y acudir a la banca, ya lo sabemos porque aquí también te lo contamos, es una opción que no sienta en el mismo banquillo a todos los actores. Ni se ofrecen los mismos montos, ni el tiempo y los términos son iguales. Mientras el Banco Central de Cuba aprueba montos millonarios para empresas que, incluso registran pérdidas; a una mipyme de reciente creación se le sigue mirando con demasiado recelo.
El acceso a microcréditos para el surgimiento de nuevos actores, por ejemplo, es todavía una petición en curso. Sin embargo, del “otro lado”, por decreto, surgen nuevas empresas y organismos de dirección y Unidades Empresariales de Base (UEB)… que también precisan de presupuesto e implican gastos a “la misma caja central”.
Otra de las diferencias más cuestionadas son los permisos de importación a cargo de importadoras estatales que fungen de intermediarias hasta para su propio sector empresarial. Las privadas quedan en segundo plano, pues aunque a finales de febrero se crearon siete nuevas empresas para facilitar el comercio exterior con las nuevas formas de gestión, y entre ellas se cuentan tres mipymes, la supremacía sigue del lado estatal. En total, 56 ya lo tienen permitido.
Lo más perentorio, coinciden varios economistas, sería autorizar la importación directa para ampliar opciones y precios y hasta poder burlar las sanciones del gobierno norteamericano.
Porque, además, volvamos al punto inicial: ¿si la Agroindustrial Ceballos, una de las autorizadas a importar, necesita una nueva línea de jugos y Media Luna, también, y la solicita a través de ellos, hacia dónde podría dirigirse la prioridad?
La lógica inclina la balanza. Y hablamos de lo mismo, pero no en igualdad de condiciones.
Diseño de portada: Aldo Cruces
